Nuevo gobierno, ¿qué agenda?

   Publicado en NVI Noticias el Martes 3 de enero de 2023

Por Arturo Tapia*

Se cumplió el primer mes desde la llegada del nuevo gobierno encabezado por el Ing. Salomón Jara. En el mensaje pronunciado el 1 de diciembre desde el Auditorio Guelaguetza, luego de rendir protesta ante el congreso local, el gobernador entrante resumió su agenda de trabajo en doce objetivos prioritarios. Sin embargo, estos primeros treinta días han registrado un conjunto de hechos que implican el despliegue de recursos, gestiones y capacidades de gobierno que, rivalizan con la consecución de la agenda de prioridades y vuelcan la administración pública a la atención de un gran cúmulo de hechos imprevistos que conforman en sí mismos “otra agenda”.

Entre los objetivos prioritarios que anunció el gobernador están: acabar con la corrupción, disminuir la desigualdad, promover la inclusión de los grupos vulnerables, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, incrementar la seguridad, promover la paz con justicia y bienestar, garantizar una vida libre de violencia a todas las niñas y mujeres, promover proyectos estratégicos de infraestructura y el desarrollo económico de las ocho regiones, además de consolidar el proyecto del Corredor Interoceánico, entre otros.

Esta agenda se plantea en el marco de un conjunto de principios rectores tales como la justicia, la austeridad, la transparencia, la interculturalidad y la paz. También se proponen diversos cambios legislativos para mejorar los procesos de auditoría, instaurar la revocación de mandato, establecer una ley de amnistía, y más.

Finalmente, se señala una estrategia de comunicación social en la que se implementarán conferencias de prensa semanales, los llamados jueves de Gozona y recorridos frecuentes en los territorios.

En contraste con esta agenda, el primer mes de gobierno ha implicado lidiar con múltiples factores o hechos que modifican los cursos de acción gubernamental. Pensemos por ejemplo en el problema de la deuda heredada del gobierno anterior (superior a los 20 mmdp), los Fiats notariales, las obras inconclusas o las plazas de nueva creación aparentemente comercializadas por los funcionarios anteriores. No son problemas menores. Se trata de casos en los que se pone a prueba la capacidad gubernamental para sancionar malas prácticas de los servidores públicos. En todo esto está en juego la demostración de que el nuevo gobierno puede realmente desterrar la impunidad entre la clase política.

Otros hechos que engrosaron la “otra agenda” fueron la irrupción de la sección 22 con su rechazo al plan educativo federal (i.e. la denominada Nueva Escuela Mexicana), los diversos conflictos municipales que se activaron (v.gr. en Santiago Yaitepec, San Martín Peras, San Andrés Yaá, San Juan Mazatlán y Reyes Etla); e incluso la aparición del Frente Popular Revolucionario (FPR) denunciando acciones de gobierno y bloqueando caminos. También se puede considerar la constitución de la coalición de ejidatarios apuestos a las obras del Corredor Interoceánico y el caso de Claudia Uruchurtu acompañado de la renuncia del fiscal. Cabe aquí también la demanda de destitución del Coordinador General de Atención Regional por parte de pobladores (as) mixes.

El recuento de factores imprevistos en un solo mes parece interminable. La fuga de amoniaco de los ductos de Pemex y el consecuente desplazamiento de poblaciones de la zona norte del Istmo ha demandado capacidades de deliberación y respuesta del gobierno.

Hay claramente dos agendas. Por un lado, la planteada por el diagnóstico del gobernador, y por otro, la planteada por la dinámica de los actores y de las circunstancias. Esta segunda es altamente demandante de recursos y de decisiones y puede imponer costos a la efectividad con la que se pueda cumplir la primera.

La sociedad oaxaqueña -y sus manifestaciones políticas- está asociada a inercias que se transfieren de un gobierno a otro y que se traducen en conflictos, inseguridad, denuncias y protestas crónicas. En física se denomina inercia a la resistencia que oponen los cuerpos a modificar su estado de movimiento (o de quietud), ya sea para alterar su velocidad, su rumbo o para detenerse. De este modo, y en sentido metafórico, podemos decir que, un riesgo que enfrenta el nuevo gobierno es que la inercia social termine marcando la trayectoria de sus acciones y desplazando la agenda prioritaria que el mandatario ha anunciado y que por ello, al igual que otros gobiernos, el entrante termine absorbido por la atención de la “otra agenda”, la de los imprevistos que vuelven el ejercicio de gobierno en un lidiar día con día con asuntos que inhiben la consecución de objetivos de largo alcance. Esperemos que no ocurra así.