Santiago Amoltepec
Publicado en NVI Noticias el Martes 21 de febrero de 2023
Arturo Tapia*
La semana pasada la prensa documentó un
enfrentamiento armado en Santiago Amoltepec, un municipio localizado en la
Sierra Sur, que dejó cinco personas muertas.
A mi juicio, los hechos deben tratarse más
allá de la nota roja, porque se refieren a un municipio que, según mi entender,
ha evolucionado a través del tiempo, y del binomio conflictividad-violencia,
hacia la disolución societal y el malestar crónico de sus habitantes. Pero en
Oaxaca hay casos similares que pueden seguir la misma trayectoria, por eso
conviene mirar los hechos de Amoltepec con atención.
Más allá de si se trató sólo de un acto de
amedrentamiento contra el presidente municipal o si había la intención real de
asesinarle, el hecho relevante es que, el modus operandi observado en
los agresores es propio de territorios en los que, por un lado, se han
instalado poderes fácticos (armados); y por otro, existe una alta percepción de
impunidad ante la infracción de la ley; o sea, territorios donde el estado de
derecho se ha disuelto de facto, ¿Cómo llegó Amoltepec a esto?
Desde hace mucho tiempo el municipio escenifica
una alta conflictividad agrario-limítrofe con al menos tres vecinos (Santa Cruz
Zenzontepec, Santa María Zaniza y San Mateo Yucutindoo). Alguna de estas
disputas cumplió ya más de un siglo. Además, en algunos casos existen
resoluciones agrarias que ninguna autoridad logra hacer cumplir, y las múltiples
mesas de diálogo rotas se alternan con emboscadas, asesinatos, rencillas,
incendios de cultivos y climas de hostilidad. Un patrón tan longevo de violencia,
sea latente como manifiesta, no puede sino madurar la percepción de inoperancia
de la institucionalidad y de la ley.
Lo anterior se imbrica con el aislamiento
geográfico de varias de las agencias municipales de Amoltepec. El resultado es,
probablemente, la maduración de imaginarios localistas de autodefensa, de
justicia por mano propia o de impunidad, asociados al escepticismo frente a lo
instituido. Recordemos que en agosto del 2012 la población retuvo a doce
elementos de la policía estatal como medida de presión en el marco de un
conflicto político. Este recurso trasluce un descrédito entre la población de
las figuras de autoridad. En el mismo sentido, durante la pandemia de COVID-19
el municipio fue uno de los que violaron las medidas sanitarias permitiendo la
realización de una fiesta.
Es probable que el aislamiento geográfico-legal
afecte las percepciones y el realismo de los grupos acerca de los alcances o de
la visibilidad de sus actos. Quienes dispararon contra el presidente municipal
de Amoltepec lo hicieron a plena luz del día y con armas de alto poder; es
decir, como resguardados por un supuesto escenario no escrutable ante el ojo
externo y por ello mismo con alta probabilidad de impunidad. Es una violencia
cínica.
Por otra parte, los poco más de 50 millones de
pesos anuales que recibe el municipio han desatado desde hace al menos diez
años una verdadera disputa entre grupos políticos. A los conflictos electorales
de años pasados han seguido denuncias de corrupción por parte de actores
inconformes, las cuales se corroboran con el hecho de que la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2018 del municipio fue una de las que la 64 Legislatura del
estado no aprobó, ordenando al Órgano Superior de Fiscalización dar seguimiento.
Si es verdad que el recurso público es
desviado en favor de grupos políticos municipales, se puede inferir que ese recurso
está financiando, por vía de la corrupción, las armas de alto poder que vimos
en las sangrientas escenas de la semana.
Cabe anotar que, en la medición 2020 de
CONEVAL se colocó a Amoltepec entre los quince municipios con mayor pobreza del
país. Infiero que, el clima de conflictividad-violencia está generando estos efectos
de marginación, y no al revés, con lo cual, el malestar de los habitantes no
puede ser mayor.
En Amoltepec todos los males se conjugan. A la
crónica conflictividad agraria y sus muertos han seguido la conflictividad
interna a manera de disputa política por los recursos públicos. Los métodos de litigio
cada vez son más violentos. Tal pareciera que, en el fondo ha madurado la
percepción de que el estado de derecho es una ficción de nuestro liberalismo
político-jurídico y de que como corresponde a la disolución de toda comunidad
política, el verdadero principio normativo es la ley del más fuerte.
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