Istmo: la agenda social
Publicado en NVI Noticias el Miércoles 8 de marzo de 2023
Por Arturo Tapia*
La semana pasada siguieron multiplicándose, y
a mi juicio, agravándose, los conflictos sociales asociados a los distintos
megaproyectos que están en curso en el Istmo de Tehuantepec. Me parece que
estamos ante la formación de una coalición social opositora que va creciendo en
organización y que está elevando los retrasos en las distintas obras, señalando
con esto la necesidad de un cambio de estrategia entre quienes promueven los
proyectos.
El gobernador ha dicho que el Corredor
Interoceánico, por ejemplo, será mucho más grande que el Tren Maya, en términos
económicos y de desarrollo, y que no solamente es un proyecto importante para
Oaxaca, sino también para el país y para América Latina. Asegura que la entidad
tendrá desarrollo y bienestar gracias a las inversiones extranjeras y
nacionales que llegarán a través de los parques industriales proyectados en la
región. Esta perspectiva no entusiasma a todos los segmentos de la región.
La semana pasada ejidatarios de la comunidad
Santa Cruz Bamba de Santo Domingo Tehuantepec, bloquearon varios días la
carretera costera entre Salina Cruz y Huatulco para exigir pagos y claridad en
los volúmenes del material pétreo que se está utilizando en la construcción de
la escollera oeste del puerto de Salina Cruz.
Por su parte, grupos de comuneros y
ejidatarios bloquearon durante varios días la vía del ferrocarril en el tramo
Mogoñé Viejo - Vixidu, de San Juan Guichicovi, señalando incumplimientos de
acuerdos. A esta movilización se sumaron comisiones de los pueblos de Hierba
Santa, Río Pachine, Encinal Colorado, El Zarzal y Palomares.
A su vez, la Unión de Comunidades de la Zona
Norte del Istmo denunció que integrantes de la Secretaría de Marina amenazan e
intimidan a los ejidatarios y pequeños propietarios de la zona, lo cual aumenta
las inconformidades.
Anotemos que, los megaproyectos en el Istmo entrañan
un orden económico, social y jurídico concebido desde el gobierno federal e
implementado en el plano local. Se trata de un cambio territorial radical que no
se consultó debidamente. De esta manera, las obras iniciaron con déficits
severos de información y de consenso. A esto ha seguido una verdadera cascada
de percepciones negativas en las poblaciones tales como riesgo, daño, engaño,
afectaciones, etc. y esto alienta la inconformidad, la radicalidad y el
oportunismo.
Es incierto si aún se puede corregir un
proceso deficitario en su origen. Sin embargo, considero que la inconformidad
de los pobladores se debe atender a través de transparencia en la información, el
combate a la corrupción y mecanismos claros de distribución de las rentas
generadas por los proyectos. Son temas que conforman la agenda social en el
Istmo. Ni los opositores ni los promotores de las obras la empujan con
claridad.
Se debe transparentar cómo se van a distribuir
las ganancias de los megaproyectos. Los arreglos que se tengan en el presente
definirán quién tendrá derechos de apropiación, uso y transferencia de los
beneficios que se generarán en el futuro. Si no se imaginan modelos de derechos
de propiedad alternativos, las poblaciones pasarán de ser dueñas del territorio
a no se sabe qué.
Los parques industriales proyectan la
asignación de roles restringidos para los pobladores: los pueden hacer empleados,
pero no los harán socios directos de la industrialización. En el mejor de los
casos, quizá algunas empresas locales se inserten en las cadenas productivas. El
trasfondo es maquilador. Las empresas vendrán para aprovechar las ventajas
geográficas. Ofrecerán empleos que generarán grandes flujos migratorios,
procesos de gentrificación, urbanización, etc. Un cambio así debía consultarse
con las poblaciones.
La experiencia en Oaxaca muestra que los
proyectos con un fuerte componente territorial (mineras, eólicas, turismo) requieren
negociarse y consensuarse con los pobladores locales. El mecanismo de
expropiación, compensación-indemnización, implementación, que se sigue
actualmente, tiene inconsistencias que lo hacen socialmente inviable.
Las poblaciones originarias deben ocupar un
rol más claro en los proyectos. No pueden quedarse en la incertidumbre de ver
si logran insertarse de algún modo en los proyectos cuando ya estén en operación.
Los gobiernos federal y estatal necesitan diseñar y asumir un giro social en la
agenda del Istmo. Esperemos que lo hagan antes de que se imponga la fuerza
frente a los crecientes bloqueos.
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