Participación de las mujeres indígenas en los espacios de representación

 


Por: Priscila Mendoza Cruz
IISUABJO
Es hasta en el presente siglo que en México se incorporan reformas legislativas en materia de derechos indígenas, lo cual fue posible por las luchas sociales como la protagonizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 (Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. [CEPIADET], 2022). En ese contexto se dan las reformas constitucionales en paridad de género contemplando que todas las legislaciones armonicen sus marcos normativos, determinándose esto en Oaxaca a través del Decreto 1511 el año 2023 como plazo para alcanzar la paridad en los 417 municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas (SNI); municipios estos que mantienen sus formas propias de organización y de servicio comunitario.
La imposición obligatoria de la paridad en los cargos administrativos implica varios retos para las mujeres indígenas, pues las condiciones no están dadas para ejercer su participación dignamente. Aún sin la reforma en materia de paridad, en varios municipios las mujeres indígenas, en reconocimiento a sus capacidades, ya han ocupado cargos públicos y se han integrado al cabildo municipal. Además, por reflexión propia de las comunidades, se han efectuado una serie de reformas o ajustes a las reglas de sus sistemas normativos para permitir una mayor participación de las mujeres, pero si no se conciben las diferencias culturales como elementos en la construcción de la democracia en contextos pluriculturales, en consecuencia, se invisibilizan otras formas de organización política que tiene un gran aporte a la gobernanza de las sociedades, como lo cita Raúl Rangel González en su obra “Democracia indígena en contextos multiculturales”:
 
...la democracia indígena con conjunto de prácticas comunitarias que originan el acuerdo prepolítico de la unidad social indígena, configurada con una identidad propia dentro de un determinado ámbito geográfico, así como social, cultural, político, jurídico, económico y administrativo del Estado nacional, resultado del debate, el diálogo, los acuerdos y los consensos logrados a través de los medios y las instituciones comunitarias (Rangel, 2018, p.167)
 
Silvina Ramírez (citada en CEPIADET, 2022, p.17) menciona que la estructura de desigualdad, violencia y discriminación, la baja o nula remuneración económica al ejercer cargos en municipios de los SNI, la desvalorización de tareas del hogar y las cargas de trabajo de las mujeres indígenas enfrentan la violencia estructural de manera sistemática y permanente en el tiempo.  De ahí la necesidad de colocar la mirada intercultural, para generar diálogos y exigir el respeto a la voluntad de las mujeres sobre su integración a los cabildos municipales, de lo contrario se transgrede el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres cuando se imponen leyes que, contrario a hermanar, debilitan la vida colectiva y el tejido social comunitario.
 
La participación de las mujeres indígenas normalmente se da al asumir cargos religiosos y sociopolíticos que no son validados como servicio, siendo desde estos espacios donde aportan ideas para atender y mejorar la vida comunitaria. También contribuyen a la funcionalidad de la organización política ejerciendo cargos como comités de padres y madres de familia, comités de educación. Están también las cocineras -a quienes se manda a llamar cuando hay festividades del pueblo-, la autoridad religiosa, las comisionadas de festejo, todos sin remuneración económica ni reconocimiento. De ahí que, para tratar sobre la paridad de género, sea necesario colocar las faltas para su cumplimiento, siendo ineludible conocer y reconocer la diversidad de los Sistemas Normativos Internos con sus normas comunitarias, es decir, partir desde el enfoque intercultural.
 
La tarea de reflexionar las formas y modos en que las iniciativas de ley o las políticas públicas son formuladas, parte de conocer las experiencias de mujeres que han fungido tanto cargos administrativos como comunitarios en sus pueblos, los retos que implica, lo violento que puede llegar a ser.
 
La obligatoriedad del cumplimiento paritario en los cargos administrativos, tanto por las instituciones gubernamentales como por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ha logrado la paridad, más no así la participación de las mujeres; de suerte que, ante las diferencias para tener un cargo, se las ha abandonado para que resuelvan, por un lado, el servicio a la comunidad, pero también los cuidados de sus hijos. A este respecto, hay mujeres que cuidan de un adulto mayor, algún familiar enfermo o con alguna discapacidad, lo cual implica doble o triple responsabilidad, además de recursos económicos y disponibilidad de tiempo.
 
Al considerar a las mujeres para un cargo administrativo de forma directa, es decir, sin haber cumplido con el escalafón de cargos o servicios previos, estos las coloca en una situación de enfrentamiento con los hombres, al ellos haber hecho dos o más cargos. También se han dado casos de simulación de participación, donde las mujeres son registradas, pero no ejercen el cargo. Los años de lucha diaria para colocar a las compañeras en el imaginario colectivo, por su capacidad de dirección, su movilización y trabajo quedó estancado. A quienes se considera para candidatas a algún cargo es o a madres autónomas, mujeres solteras o viudas, pero no se cuestiona ni reflexiona sobre el cumplimiento de cargos en pareja.
Una compañera comparte que “los compañeros presionan a las mujeres y reproducen discursos machistas y roles de género considerando que las mujeres deben quedarse en casa, porque no sirven para desempeñar un cargo en la administración municipal (M. Rodríguez, comunicación personal, 9 de diciembre de 2023). Al respecto, Yaneth del Rosario Cruz dice “la paridad está como un discurso político, no como una acción que garantice un derecho de las mujeres indígenas” (2018, p.79).
Según lo anterior, es notable la presión por incorporar a las mujeres a cargo en los ayuntamientos, funcionando más bien como catalizador de violencia política por razones de género.
 

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