El conflicto de los PAAE: entre demandas laborales y la parálisis urbana.

Por Arturo Tapia. 

IxM en el IISUABJO

La semana pasada, el bloqueo del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) en avenida Universidad no solo paralizó una de las principales vialidades de la ciudad; volvió a exhibir un problema más profundo: en Oaxaca, los conflictos laborales no se resuelven, se administran. Entre demandas acumuladas durante años, negociaciones incompletas y formas de presión que trasladan el costo a la ciudadanía, el episodio reciente no es una excepción, sino la expresión de un patrón que se repite.

Cronología del bloqueo

Desde la mañana del miércoles 15 de abril, integrantes del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) cerraron la avenida Universidad, frente a las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), utilizando unidades del sistema BinniBus para impedir el paso vehicular. De manera simultánea, bloquearon otros puntos estratégicos de la ciudad, como el crucero del estadio de béisbol y la zona del ADO, generando un colapso vial inmediato en la capital.

Esa misma noche, algunos de los bloqueos fueron retirados, pero el de avenida Universidad permaneció. Lo que inició como una acción de presión puntual se transformó, desde el jueves 16, en un cierre sostenido: ambos carriles quedaron tomados de manera indefinida, con afectaciones crecientes al transporte público, al comercio y a la movilidad cotidiana en la zona sur de la ciudad.

El viernes 17, la protesta entró en una nueva fase. Ante la falta de respuestas, los manifestantes extendieron el bloqueo hacia el crucero de Cinco Señores, incluyendo el puente elevado y el paso a desnivel, uno de los nodos viales más importantes de Oaxaca. Con ello, el conflicto se convirtió en un problema urbano de mayor escala.

Para el lunes 20 de abril, el bloqueo cumplía seis días consecutivos sin solución. Un día después, al cumplirse una semana, las mesas de diálogo con el IEEPO se rompieron sin acuerdos, luego de que el conflicto escalara hacia exigencias que incluían la destitución de funcionarios. A partir de ese momento, la protesta se endureció.

El miércoles 22, con ocho días de movilización, los bloqueos se intensificaron y se extendieron hacia nuevas vialidades, mientras la retención de unidades de transporte agravaba aún más la situación. Para entonces, la avenida Universidad ya no era solo una vialidad bloqueada: era el epicentro de un conflicto prolongado que había reorganizado, durante más de una semana, la vida cotidiana de la ciudad.

El jueves 23 de abril, el conflicto alcanzó su décimo día sin solución. Lejos de disminuir, los bloqueos se extendieron a distintos puntos de la ciudad, incluyendo calzada Héroes de Chapultepec, el crucero del estadio de béisbol y otras vialidades estratégicas, lo que agravó el caos vial y multiplicó las afectaciones al transporte público. En ese contexto, también se registraron confrontaciones con ciudadanos y agresiones a periodistas durante la cobertura de las protestas, elevando la tensión social en torno al movimiento.

Para el viernes 24, los bloqueos no solo continuaban, sino que se habían instalado como una condición persistente en la ciudad. La avenida Universidad seguía cerrada y el conflicto mostraba signos de prolongación indefinida, sin acuerdos visibles entre las partes. A esa altura, más que una protesta coyuntural, el caso de los PAAE se había convertido en un episodio de conflictividad sostenida que evidenciaba tanto la incapacidad de resolución institucional como los costos sociales acumulados de este tipo de movilizaciones.

Al día de hoy, sábado 25, el estado del conflicto no es del todo claro. No hay información definitiva sobre un posible levantamiento del bloqueo ni sobre acuerdos entre las partes. La situación permanece abierta, en suspenso, con una ciudad que ha aprendido —una vez más— a reorganizar su vida cotidiana en torno a un conflicto que no termina de resolverse.

¿Quiénes son los PAAE?

El grupo que protagonizó estos bloqueos no es, estrictamente, el de los docentes frente a grupo, sino el del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación. Se trata de trabajadores administrativos y de servicios adscritos al sistema educativo: personal de oficinas, áreas de planeación, control escolar, intendencia y apoyo técnico que hacen posible el funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas, aunque no participen directamente en la enseñanza en el aula.

En Oaxaca, este sector forma parte de la estructura sindical de la Sección 22 del magisterio, particularmente a través de delegaciones específicas como la D-III-4, que fue la que encabezó las movilizaciones recientes. A diferencia del magisterio docente —históricamente más visible y con mayor capacidad de negociación—, los PAAE suele ocupar un lugar más discreto en la vida sindical, lo que en parte explica que sus demandas tiendan a emerger de manera más abrupta cuando no encuentran canales efectivos de atención.

Sus exigencias combinan, como se ha documentado en prensa, dos dimensiones. Por un lado, planteamientos laborales que son comunes en el sector público: basificación, recategorizaciones, reconocimiento de antigüedad y pago de adeudos. Por otro, un conjunto de demandas más controvertidas —como la recuperación de prácticas como la herencia de plazas o la asignación de recursos para prestaciones y actividades sociales— que han generado debate público y tensiones tanto con las autoridades como al interior del propio sindicato.

Entender quiénes son los PAAE y qué demandan es clave para interpretar el conflicto: no se trata únicamente de un bloqueo más en la ciudad, sino de la expresión de un sector específico del aparato educativo que, al no encontrar salida institucional a sus demandas, recurre a formas de presión que impactan directamente en la vida urbana.

Antecedentes del conflicto

Lo ocurrido la semana pasada no puede entenderse como un hecho aislado. El conflicto del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación tiene una historia más larga, marcada por demandas laborales que se han acumulado durante años y que, en distintos momentos, han encontrado respuestas parciales, pero no soluciones definitivas.

Entre los temas más persistentes se encuentran la regularización de plazas administrativas, el reconocimiento de la antigüedad y el pago de incidencias laborales que, en algunos casos, permanecieron sin resolverse durante más de una década. A lo largo de los años, estos asuntos han sido atendidos mediante mesas de negociación entre autoridades educativas, instancias federales y la dirigencia sindical, lo que ha permitido avances importantes —como la recategorización de miles de plazas o la liberación de pagos pendientes—, pero también ha dejado abiertos nuevos frentes de inconformidad.

Este carácter incompleto de las soluciones ayuda a explicar otro rasgo constante del conflicto: la recurrencia de los bloqueos como forma de presión. No es la primera vez que demandas de este tipo derivan en el cierre de vialidades estratégicas en la ciudad. Desde al menos 2018, existen registros en prensa de movilizaciones similares en las que trabajadores del sector educativo han bloqueado cruceros y avenidas principales para exigir pagos, prestaciones o reconocimiento laboral, generando afectaciones directas a la movilidad urbana.

En este sentido, lo que vimos en avenida Universidad no es una excepción, sino la repetición de un repertorio de protesta que se ha ido consolidando en Oaxaca: cuando las vías institucionales no producen resultados —o cuando estos se perciben como insuficientes—, el conflicto se traslada al espacio público, particularmente a aquellos puntos donde su impacto es mayor.

El problema, entonces, no es únicamente la existencia de demandas laborales —muchas de ellas legítimas—, sino la forma en que estas se procesan. Entre negociaciones fragmentadas, soluciones parciales y episodios recurrentes de presión, el conflicto tiende a reactivarse una y otra vez, reproduciendo un ciclo en el que ninguna de las partes logra cerrar definitivamente el problema, mientras los costos se desplazan hacia la vida cotidiana de la ciudad.

Algunas preguntas para la reflexión

Frente a este escenario, las preguntas se vuelven inevitables. ¿Hasta qué punto es sostenible que los conflictos laborales se resuelvan mediante la paralización de la ciudad? ¿Qué tan eficaz es un modelo de negociación que parece avanzar solo bajo presión y que, aun así, produce soluciones incompletas? ¿Y quién asume, finalmente, los costos de estos episodios?

Para el gobierno, el caso de los PAAE vuelve a poner sobre la mesa un problema de fondo: la capacidad —o incapacidad— de procesar demandas laborales antes de que escalen. Si las mesas de diálogo solo se activan cuando el conflicto ya está en la calle, y si las soluciones llegan de manera fragmentada o tardía, el resultado previsible es la repetición del ciclo. La pregunta no es solo cómo contener el conflicto, sino cómo prevenirlo.

Para la ciudadanía, el dilema es más complejo. Por un lado, es difícil no reconocer la legitimidad de ciertas demandas laborales; por otro, los bloqueos trasladan el costo del conflicto a terceros que no tienen injerencia directa en su resolución. ¿Hasta dónde puede sostenerse esa tensión sin erosionar la convivencia urbana y la confianza social?

Y para los propios PAAE, la pregunta es igualmente relevante. Si bien el bloqueo ha demostrado ser un mecanismo eficaz para visibilizar demandas, también implica costos políticos y sociales. ¿Qué margen existe para explorar otras formas de presión o negociación que no impliquen la afectación generalizada de la ciudad? ¿Y cómo se construye legitimidad en un contexto donde las demandas laborales conviven con exigencias más controvertidas como la herencia de plazas?

Lo ocurrido en avenida Universidad deja, en última instancia, una impresión conocida en Oaxaca: la de un conflicto que no termina de resolverse, sino que se administra en el tiempo, reaparece bajo nuevas formas y vuelve a colocar a la ciudad en el centro de una disputa que, en el fondo, sigue abierta.