UABJO: elegir rector en medio de un conflicto que no termina

Por Arturo Tapia 

IxM en el IISUABJO

El próximo 13 de mayo, la comunidad de la UABJO elegirá a su nuevo rector en medio de un ambiente marcado por acusaciones, tensiones y movilización de grupos. A simple vista, podría parecer una elección universitaria más. Sin embargo, lo que está en juego va mucho más allá de un cambio de autoridades: este proceso pone al descubierto una crisis acumulada que combina problemas financieros, disputas internas, tensiones en torno a la autonomía y una forma de gobernanza que, desde hace años, no ha logrado resolver sus conflictos de fondo.

La elección de rector en la UABJO, prevista para el 13 de mayo, no es un episodio aislado ni una simple contienda entre proyectos universitarios. Es, más bien, la expresión más reciente de una crisis acumulada de gobernanza que la institución arrastra desde hace años: una trama donde confluyen disputas internas, presiones sindicales, fragilidad financiera, tensiones en torno a la autonomía y una persistente incapacidad para construir acuerdos de reforma. Leer esta elección como un relevo administrativo sería un error; lo que está en juego es si la universidad logra —o no— salir del ciclo de conflicto que ha definido su funcionamiento reciente.

La UABJO no es una institución detenida ni vacía de contenido académico. A pesar de los conflictos recurrentes, en su interior se desarrollan actividades de docencia, investigación, vinculación social y formación profesional que sostienen su función pública y su relevancia en Oaxaca. Programas académicos, iniciativas culturales, proyectos de extensión y esfuerzos de innovación muestran que existe una comunidad activa que mantiene viva la universidad en condiciones adversas. Sin embargo, esa vida académica convive —y con frecuencia queda subordinada— a una dinámica estructural de conflicto que atraviesa a la institución: disputas entre grupos, tensiones sindicales, problemas financieros y decisiones políticas que inciden directamente en su funcionamiento cotidiano. El resultado es una universidad que opera, pero lo hace bajo presión constante, donde la estabilidad no es la regla sino una condición frágil que puede romperse ante cada nuevo episodio de confrontación.

La situación actual de la UABJO no puede entenderse sin revisar el punto de inflexión que representó la crisis de 2020. En ese momento, la universidad enfrentó una combinación crítica de problemas financieros, laborales e institucionales que paralizaron su funcionamiento. El retraso en el pago de salarios a miles de trabajadores, la acumulación de deudas, los laudos laborales y la falta de liquidez colocaron a la institución en una situación límite. A ello se sumaron paros, huelgas, tomas de instalaciones y bloqueos que interrumpieron las actividades académicas y administrativas durante semanas. Los sindicatos —divididos y en competencia entre sí— jugaron un papel central en este proceso, presionando mediante distintos repertorios de acción mientras disputaban reconocimiento y control. El resultado fue una universidad en “jaque”, incapaz de sostener su operación cotidiana sin recurrir a negociaciones constantes, apoyos extraordinarios y acuerdos parciales que, lejos de resolver el problema, lo pospusieron.

En el fondo de esta crisis recurrente se encuentra un problema menos visible, pero decisivo: la fragilidad de los mecanismos financieros y administrativos de la universidad. Durante los últimos años han salido a la luz deficiencias en la trazabilidad del gasto, presiones derivadas de compromisos laborales que no siempre cuentan con respaldo presupuestal, y una dependencia estructural de subsidios públicos que llegan condicionados a criterios de disciplina financiera. Las auditorías federales, así como las revisiones estatales, han puesto en evidencia la necesidad de ordenar la nómina, transparentar el uso de recursos y establecer controles más claros en la gestión. Sin embargo, estos procesos de fiscalización se enfrentan a resistencias internas y a un marco normativo que resulta insuficiente para regular con precisión el funcionamiento administrativo de la universidad. Así, la crisis financiera no es solo un problema de recursos, sino de reglas: sin mecanismos sólidos de control, rendición de cuentas y planeación, cualquier intento de estabilización termina siendo temporal.

La autonomía universitaria ocupa un lugar central en este escenario, pero no de manera unívoca. Por un lado, es un principio fundamental que protege a la universidad de injerencias indebidas y garantiza su capacidad para definir su rumbo académico. Por otro, en contextos de debilidad institucional, puede convertirse en un argumento que dificulta la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y de reforma administrativa. La discusión en torno a auditorías externas, controles financieros y posibles intervenciones muestra esta tensión con claridad: mientras algunos actores defienden la autonomía como un límite frente al poder público, otros señalan la necesidad de fortalecer la supervisión para corregir problemas estructurales. En ese cruce, la autonomía deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un campo de disputa, donde se confrontan visiones distintas sobre cómo debe gobernarse la universidad y bajo qué reglas debe operar.

En este contexto, la elección rectoral del 13 de mayo no puede leerse como un simple relevo en la conducción institucional. Se trata de un punto crítico en el que convergen las tensiones acumuladas en los últimos años: la disputa entre grupos internos, la presión por ordenar las finanzas, la fragilidad de las reglas de gobernanza y la incertidumbre sobre el alcance de la autonomía. Más que una contienda entre trayectorias personales o propuestas académicas, la elección expresa una disyuntiva más profunda: la continuidad de un modelo basado en la negociación permanente y el conflicto recurrente, o la posibilidad —todavía incierta— de avanzar hacia un proceso de reforma institucional. En ese sentido, la rectoría se convierte en una posición estratégica, no solo por su capacidad de gestión interna, sino porque puede inclinar el equilibrio entre los distintos actores que disputan el control y el rumbo de la universidad.

El desenlace de esta elección marcará el rumbo inmediato de la UABJO, pero difícilmente resolverá por sí mismo los problemas que la atraviesan. Si se mantiene la lógica de acuerdos parciales, negociación constante y competencia entre grupos, el conflicto tenderá a reproducirse, como ha ocurrido en el pasado. Si, en cambio, se abren espacios para una reforma institucional que atienda de manera simultánea la dimensión financiera, laboral, administrativa y de gobernanza, podría iniciarse un proceso distinto, aunque no exento de resistencias. La decisión no recae únicamente en quien resulte electo, sino en la capacidad de la comunidad universitaria y de las autoridades públicas para construir reglas más claras, mecanismos de rendición de cuentas y acuerdos duraderos. De lo contrario, la universidad seguirá operando bajo un equilibrio inestable que limita su desarrollo y reduce su potencial como institución clave para Oaxaca.