Juchitán: ¿quién pone las reglas?

 

Por Arturo Tapia 

Investigador por México en el IISUABJO

1. El 23 de septiembre pasado la detención del entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza colocó nuevamente a esta ciudad del Istmo oaxaqueño en el centro de la atención pública. Seis días después, un juez lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca mantiene además líneas de investigación sobre sus presuntos vínculos con integrantes de una organización denominada “Los Cromos” y sobre la posibilidad de que, desde su posición política y social, hubiera facilitado, promovido o encubierto actividades ilícitas.

El caso adquirió una dimensión todavía más delicada cuando el excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán fue también vinculado a proceso. En este caso, la Fiscalía sostiene que presuntamente habría brindado protección a “Los Cromos”. Ambas investigaciones se encuentran en curso y las responsabilidades de los imputados deberán establecerse judicialmente. Pero las hipótesis que persigue la autoridad plantean una pregunta que va más allá de las personas actualmente procesadas: ¿cómo llegó una organización criminal a adquirir capacidad para imponer condiciones sobre actividades económicas y territorios de Juchitán y, presuntamente, relacionarse con funcionarios de las propias instituciones municipales?

La pregunta admite al menos dos posibilidades. Podríamos estar frente a una ruptura: la irrupción relativamente reciente de una organización criminal sobre un orden local al que anteriormente era ajena. Pero también podríamos estar observando una transformación más compleja: la aparición de nuevos actores y nuevas formas de coerción sobre mercados y territorios que desde mucho antes eran regulados y disputados por autoridades, organizaciones sociales, gremios, intermediarios y actores económicos. Distinguir entre ambas posibilidades exige mirar más allá de la coyuntura.

2. Para hacerlo revisé el corpus hemerográfico del Observatorio de la Conflictividad Social del Pacífico Sur (OCSPSur), que durante años recientes ha recopilado y sistematizado información periodística sobre conflictos sociales en Oaxaca. Su revisión permite observar que, Juchitán no aparece históricamente como una ciudad sin reglas, sino como una ciudad en la que muchos actores participan en su producción y/o en su (in)cumplimiento.

Las leyes, autoridades municipales y estatales, policías y tribunales forman parte de ese orden. Pero no son sus únicos componentes. Organizaciones sociales y gremiales, sindicatos, transportistas, propietarios, comunidades y empresas también intervienen en la regulación efectiva del acceso a recursos, mercados y territorios. En el transporte se disputan rutas, concesiones y zonas de circulación; en los conflictos agrarios, la posesión y utilización de la tierra; alrededor de los proyectos eólicos, el acceso al territorio, sus recursos y beneficios. El corpus muestra acuerdos formales e informales, contratos, negociaciones y procedimientos institucionales, pero también bloqueos, ocupaciones, retenciones, movilizaciones y distintas formas de coerción.

Esto obliga a matizar una explicación frecuente de la expansión criminal: la idea de que el crimen simplemente ocupa un “vacío” dejado por la autoridad. El Juchitán que aparece en la hemerografía no estaba desregulado; estaba regulado por muchos actores a la vez. Entonces el problema era otro: quién podía establecer efectivamente una regla, mediante qué recursos conseguía que los demás la reconocieran y durante cuánto tiempo lograba mantener su cumplimiento. En ocasiones bastaba un acuerdo; en otras, el acuerdo debía ser respaldado por movilización, presión política, intervención policial o una nueva negociación.

Si bien durante buena parte del periodo encontramos actores sociales y económicos que presionan para negociar las reglas; desde mediados de la década siguiente comienza a hacerse visible una modalidad diferente: actores armados pretenden imponerlas mediante violencia. Más tarde aparecen organizaciones criminales que disputan mercados y territorio y, finalmente, estructuras a las que las investigaciones actuales atribuyen extorsión y extracción sistemática de rentas.

Por eso quizá la historia reciente de Juchitán pueda entenderse mejor no preguntando solamente cuándo apareció el crimen organizado, sino observando quién ha podido regular qué, mediante qué recursos y con qué capacidad para hacer obedecer sus reglas. Ése es el hilo que seguiremos.

3. Los conflictos por el transporte permiten observar cómo funcionaba ese orden. A comienzos de la década pasada, el crecimiento de los mototaxis respondió, entre otras cosas, a necesidades de movilidad de numerosas colonias de Juchitán. Pero su expansión abrió inmediatamente preguntas regulatorias muy concretas: cuántas unidades podían operar, quién podía prestar el servicio, por dónde podían circular y qué organizaciones tendrían acceso a ese mercado.

Las respuestas no procedían solamente de la autoridad. Entre 2012 y 2014, organizaciones de taxistas y mototaxistas, gobierno municipal y autoridades estatales negociaron rutas, número de unidades y zonas de circulación. Hubo acuerdos y estudios oficiales, pero también bloqueos, vehículos retenidos o destruidos, detenciones y despliegues policiales. En junio de 2012, después de varios días de diálogo, un acuerdo permitió normalizar el servicio. Sin embargo, dos años después las propias autoridades reconocían que el polígono de operación convenido entre el municipio y las organizaciones no estaba siendo respetado.

El episodio permite ver algo más que un conflicto de transportistas. La regla existía, pero su vigencia efectiva dependía de la relación entre varios actores capaces de hacerla valer, resistirla o renegociarla. La autoridad producía normas y acuerdos; las organizaciones controlaban unidades, agremiados y capacidad de movilización; los bloqueos podían interrumpir la circulación; la policía podía intervenir; y una nueva negociación podía modificar el arreglo anterior. La regulación efectiva del mercado surgía de esa interacción.

El mecanismo seguía funcionando años después. En 2019, integrantes de la Unión Campesina Oaxaqueña bloquearon durante varios días los accesos a Juchitán y retuvieron seis taxis en medio de un conflicto con transportistas de El Espinal. La Secretaría de Movilidad condicionó el diálogo a la devolución de las unidades. La organización ofreció entregar sólo tres: liberar todos los vehículos, argumentaba, significaba quedarse sin una garantía de que serían atendidos. La retención tenía así una función precisa: producir una capacidad de negociación que la regla formal, por sí sola, no garantizaba.

Este tipo de episodios se repite en otros ámbitos. En las disputas por predios aparecen ocupación, organización política, intervención de propietarios y autoridades, movilización, desalojo o negociación; alrededor de los proyectos eólicos se entrecruzan propiedad de la tierra, acceso a recursos, contratos, organizaciones favorables y opositoras, empresas y autoridades. No son conflictos idénticos, pero comparten un rasgo: el acceso efectivo a mercados, recursos y territorios se decide dentro de un entramado de reglas formales, acuerdos, intermediaciones y capacidades de presión.

Nada de ello constituye, por sí mismo, criminalidad organizada. Conviene insistir en esto porque es precisamente lo que permite identificar después el cambio. El bloqueo, la ocupación o la retención pueden ser coercitivos, pero dentro de estos conflictos su finalidad suele ser conseguir una decisión, modificar una regla o forzar la intervención de un interlocutor: “si mi demanda no es atendida, aumentaré el costo de no negociar conmigo”. Estamos ante una regulación contenciosa: conflictiva, muchas veces inestable y ocasionalmente violenta, pero orientada todavía a disputar o renegociar las reglas.

Lo que comenzará a hacerse visible en las fuentes desde mediados de la actual década es diferente. Junto a este orden, que no desaparece, aparecen actores armados para los cuales la coerción ya no funciona principalmente como un recurso para abrir una negociación. La violencia comienza a utilizarse para producir directamente obediencia.

4. Un episodio ocurrido en abril de 2016 permite observar esa diferencia. Cinco personas fueron asesinadas por un grupo armado en un predio ocupado de la Primera Sección de Juchitán. Según la información periodística que atribuía la confirmación de los hechos a la Fiscalía General de Oaxaca, los agresores dejaron además un mensaje dirigido a quienes se encontraban en posesión del terreno: tenían doce horas para abandonarlo.

El escenario resulta significativo porque seguimos encontrando uno de los objetos recurrentes de la conflictividad anterior —el control de un espacio—, pero cambia radicalmente el mecanismo utilizado para regularlo. La secuencia puede reconstruirse con sencillez: predio ocupado → irrupción de actores armados → homicidio → mensaje → orden de abandonar el lugar. La violencia no pretende aquí conseguir una mesa de negociación ni modificar un acuerdo mediante presión. Funciona como demostración de la capacidad para sancionar a quien no obedezca. Frente al “negocia conmigo” de la regulación contenciosa preexistente aparece otra fórmula: “obedece o atente a las consecuencias”.

El corpus registra durante los años siguientes otros homicidios múltiples, ataques en domicilios, calles y comercios, víctimas relacionadas con distintos ámbitos de la vida local y nuevos mensajes asociados a hechos violentos. Pero sería un error convertir esa acumulación en una historia lineal del crecimiento de una misma organización criminal. Las fuentes no permiten establecer que detrás de todos esos episodios actuaran los mismos grupos, ni que los responsables de 2016 fueran antecedentes organizativos de quienes aparecerán después. Lo que sí permiten observar es la creciente presencia de violencia armada con funciones disciplinarias coexistiendo con las formas anteriores de regulación y conflicto, que no desaparecieron.

El siguiente cambio puede documentarse con mayor precisión en febrero de 2022. Después de tres ataques contra familias ocurridos los días 2, 3 y 6 de ese mes, que dejaron diez personas asesinadas, el entonces fiscal de Oaxaca hizo pública una de las líneas de investigación de la institución: una célula local dedicada a la venta de drogas sintéticas se habría dividido en tres bandas que se disputaban el “control de la plaza”. La Fiscalía relacionaba los ataques con esa confrontación y con las venganzas entre los grupos.

Aquí cambia algo más que el vocabulario. Por primera vez en nuestra reconstrucción, la autoridad describe conjuntamente un mercado ilícito, una organización criminal, su fragmentación en bandas, una disputa territorial y el uso de violencia letal. Ya no observamos solamente episodios en los que actores armados pretenden imponer una conducta. Aparece una estructura de competencia criminal por quién controla un mercado y un territorio.

Esto permite distinguir dos transformaciones que una simple cronología de homicidios ocultaría. Desde 2016 encontramos indicios claros de violencia utilizada para imponer obediencia; hacia 2022 encontramos además actores criminales descritos explícitamente como organizaciones que disputan mercado y territorio. Y, mientras esto ocurre, el viejo orden contencioso continúa funcionando: organizaciones, autoridades, comunidades y actores económicos siguen negociando y disputando las reglas de otras actividades. Lo nuevo no sustituye inmediatamente a lo anterior: comienza a superponerse a él.

5. Entre 2025 y 2026 las fuentes oficiales permiten observar un nuevo desplazamiento. Las investigaciones dejan de referirse solamente a homicidios, narcomenudeo o disputa por el “control de la plaza”. Aparecen con mayor claridad la extorsión y el llamado cobro de piso sobre actividades económicas legales. En junio de 2025, por ejemplo, la Fiscalía relacionó a integrantes de la célula del “Comandante Cromo” con amenazas por cobro de piso y, ese mismo mes, atribuyó a integrantes de esa estructura amenazas contra líneas de transporte y ataques incendiarios contra establecimientos comerciales.

El cambio es importante. Una organización que disputa el mercado de drogas pretende controlar una actividad ilícita. Una organización que cobra a comerciantes o transportistas para permitirles continuar trabajando intenta algo adicional: extraer rentas de actividades que no controla jurídicamente, imponiendo sobre ellas una regla propia respaldada por la amenaza de violencia.

Una investigación dada a conocer por la Fiscalía en septiembre de 2026 permite observar el mecanismo con particular claridad. Según la institución, en mayo un comerciante de Juchitán recibió la exigencia de entregar 60 mil pesos para poder continuar con sus actividades comerciales, acompañada de amenazas contra sus hijas. Entre junio y agosto realizó tres pagos y, en septiembre, recibió una nueva exigencia. Dos personas fueron posteriormente vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en estos hechos.

Lo relevante no es solamente que exista una amenaza ni que se obtenga dinero. Es la relación que pretende establecerse y reproducirse en el tiempo. El comerciante puede conservar su negocio, pero a condición de aceptar una obligación que el actor criminal intenta imponerle: “puedes seguir trabajando, pero bajo mis condiciones y tienes que pagarme”. La amenaza funciona como sanción para quien incumpla. De acuerdo con otra investigación difundida por la Fiscalía en noviembre de 2025, personas presuntamente relacionadas con la misma célula no sólo exigían pagos a comerciantes, sino que habrían disparado contra domicilios de quienes se negaban a realizarlos.

Por eso el cobro de piso puede entenderse como algo más que una sucesión de extorsiones individuales. Cuando consigue estabilizarse, intenta constituir una forma criminal de regulación económica: establece quién puede desarrollar una actividad, cuánto debe entregar para hacerlo y qué puede ocurrirle si se niega. Y esa regla no reemplaza necesariamente a las anteriores. El comerciante continúa sujeto a licencias, impuestos y disposiciones legales; el transportista, a concesiones, rutas, organizaciones y autoridades. Sobre esas regulaciones existentes, el actor criminal intenta imponer otra.

Aquí adquiere todo su sentido la idea de superposición de órdenes. El proceso que muestran las fuentes no parece ser simplemente el tránsito desde un Juchitán “sin crimen” hacia otro dominado por él. Las instituciones continúan funcionando, las organizaciones siguen movilizándose y las comunidades conservan capacidades propias de acción. Lo que aparece es un actor adicional que pretende hacerse obedecer mediante recursos diferentes: vigilancia, amenaza, violencia y extracción económica.

Tampoco esa capacidad debe suponerse absoluta. En junio de 2025, en la agencia de Álvaro Obregón, policías comunitarios y habitantes detuvieron a un hombre señalado por intentar extorsionar un establecimiento y lo entregaron a la Policía Estatal. El episodio importa porque muestra el reverso del proceso: la regla criminal también puede ser resistida. La historia no es, por tanto, la de una sociedad que pierde progresivamente toda capacidad frente al crimen, sino la de una disputa entre distintas capacidades para establecer reglas, vigilarlas, hacerlas cumplir o impedir que se impongan.

Es precisamente aquí donde la coyuntura de 2026 plantea una pregunta todavía más delicada. Porque una cosa es que una estructura criminal posea recursos propios para amenazar, vigilar, castigar y cobrar; otra muy distinta sería que pudiera obtener además protección desde las instituciones encargadas de hacer cumplir las reglas legales.

6. Es aquí donde las investigaciones de septiembre y octubre de 2026 adquieren un significado que va más allá de las personas actualmente procesadas. La Fiscalía sostiene que el excomisionado de la Policía Municipal habría brindado protección a “Los Cromos” y mantiene líneas de investigación sobre la posible participación del expresidente municipal en actividades ilícitas y sus presuntos vínculos con integrantes de esa organización. Son hipótesis sometidas todavía a proceso judicial y no responsabilidades establecidas mediante sentencia.

Pero, si esas relaciones llegan a acreditarse, introducirían un nuevo elemento en la historia que hemos reconstruido. Una estructura criminal capaz de amenazar, vigilar, castigar y extraer rentas dispone ya de medios propios para conseguir obediencia. Si además obtiene protección de personas situadas dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, su capacidad regulatoria cambia de naturaleza: no sólo puede castigar directamente a quien incumple sus reglas; puede también disminuir el riesgo de que las instituciones estatales hagan cumplir las suyas. Ésa es precisamente la posibilidad que vuelve especialmente relevantes las investigaciones actuales. La propia Fiscalía sostiene que su actuación contra esta estructura deriva de más de once meses de investigación e inteligencia criminal, aunque el alcance y las responsabilidades individuales deberán determinarse judicialmente.

Visto desde esta perspectiva, el problema de Juchitán resulta más complejo que la imagen de un “vacío de autoridad” ocupado progresivamente por el crimen. Lo que encontramos a lo largo de estos años es una superposición de órdenes y capacidades regulatorias. Organizaciones sociales y gremiales, comunidades, empresas y autoridades disputan y negocian el acceso a mercados, recursos y territorios; actores armados comienzan a utilizar la violencia para imponer conductas; posteriormente aparecen bandas que disputan mercados ilícitos y control territorial; y, más recientemente, estructuras criminales que intentan extraer rentas de actividades legales. La investigación de 2026 plantea ahora la posibilidad —todavía pendiente de resolución judicial— de que esa capacidad criminal haya encontrado también protección en posiciones institucionales.

No hay, sin embargo, una línea que conduzca de los conflictos por taxis, tierras o parques eólicos de hace quince años a “Los Cromos”. Continuidad de mecanismos no significa continuidad de actores. Tampoco la presión social, la informalidad o el incumplimiento de acuerdos producen por sí mismos delincuencia organizada. Lo que el recorrido histórico permite identificar es una transformación en las maneras de conseguir que otros obedezcan: negociar, imponer, controlar, extraer y, eventualmente, proteger. Esos mecanismos pueden coexistir, competir y superponerse.

Por eso quizá la pregunta planteada al comienzo —¿quién pone las reglas en Juchitán?— admita ahora una formulación más precisa. No se trata solamente de saber quién dicta una norma o quién ocupa formalmente el gobierno. Se trata de saber quién puede decidir quién circula, quién ocupa un territorio, quién desarrolla una actividad económica, quién paga, quién obedece y qué ocurre cuando alguien se niega a hacerlo.

Mirar la historia reciente desde esa perspectiva cambia también la pregunta sobre el presente. El desafío no consiste únicamente en detener a quienes cometen delitos. Consiste en conseguir que las reglas públicas puedan cumplirse sin depender de la capacidad particular de cada actor para negociar, presionar, amenazar o protegerse. Porque, cuando una organización armada consigue imponer obligaciones propias sobre comerciantes, transportistas o territorios, la disputa ya no es solamente por la seguridad. Es también una disputa por quién tiene, en la práctica, capacidad para gobernar.