Oaxaca: entre la sequía y las lluvias torrenciales
Por Arturo Tapia
Investigador por México en el IISUABJO
Oaxaca termina la semana entre los efectos acumulados de la
sequía y las afectaciones por las lluvias intensas. Mientras en distintas
regiones se reportan pérdidas agrícolas por falta de agua, en otras las
precipitaciones provocan inundaciones, derrumbes, socavones y restricciones de
circulación.
Según datos del Monitor de Sequía de la Conagua recogidos
por la prensa, al 30 de septiembre, 269 municipios de Oaxaca presentaban algún
grado de sequía: 264 moderada y cinco severa. Otros 188 municipios se
encontraban en condiciones anormalmente secas. En conjunto, ambas situaciones
comprendían 69.7% del territorio estatal. Esta última cifra incluye las áreas
anormalmente secas, una categoría distinta de la sequía.
Las consecuencias agrícolas también tienen una dimensión
considerable. La prensa, con información de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, reportó 49,532.86 hectáreas de maíz siniestradas al 31 de
agosto, de una superficie sembrada de 726,681.52 hectáreas. Son pérdidas
acumuladas antes de esta semana, cuya difusión permite comprender las
condiciones en que parte de la población enfrenta la nueva temporada de
precipitaciones. El agua que llega ahora puede aliviar la escasez, pero no
restituye automáticamente una cosecha perdida.
En contraste, las noticias documentan daños por exceso de
agua. En Tuxtepec, siete personas fueron evacuadas de una vivienda donde la
inundación alcanzó aproximadamente un metro de profundidad. En carreteras de la
Costa, la Cuenca y las sierras se reportaron derrumbes y hundimientos que
limitaron el tránsito. En la capital, el ingreso de aguas residuales a la
primaria Melchor Ocampo de San Martín Mexicapam obligó a suspender las clases.
Estos hechos corresponden a diferentes lugares y momentos;
no significa que todas las comunidades hayan sufrido ambas amenazas, pero sí
permiten reconocer un desafío común: proteger la vida cotidiana y sostener las
actividades de las que depende la población frente a condiciones ambientales
adversas. La sequía compromete la producción y la disponibilidad de agua; las
lluvias intensas ponen a prueba viviendas, caminos, drenajes y capacidades de
respuesta.
Entre ambos extremos aparece la pregunta que debe orientar
la discusión pública: ¿qué condiciones vuelven vulnerable a la población oaxaqueña
y qué pueden hacer gobierno y sociedad para reducir los daños antes de que se
produzcan, además de atenderlos cuando ya ocurrieron?
1. Lo que deja la sequía
La sequía deja consecuencias que pueden prolongarse después
del regreso de las lluvias. Para una familia productora, perder una cosecha
significa comprometer el alimento esperado y los recursos invertidos en
semillas, preparación de la tierra y trabajo. Volver a sembrar requiere
disponer nuevamente de esos recursos. Por ello, la recuperación de las
precipitaciones y la recuperación de la economía familiar tienen tiempos
distintos.
La Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural,
reportó más de 30 mil hectáreas de maíz y frijol perdidas por falta de lluvias,
de unas 350 mil sembradas durante el ciclo primavera-verano. Alrededor de 15
mil hectáreas afectadas se concentraban en Valles Centrales.
La vulnerabilidad agrícola se asocia a la dependencia de la
agricultura de temporal y a las posibilidades de enfrentar una pérdida. La
información disponible no permite medir los ahorros, deudas o ingresos
alternativos de los hogares afectados. Sí obliga a preguntar cómo pueden
sostener su alimentación y financiar el siguiente ciclo productivo. La
extensión de los daños informa sobre el problema agrícola; comprender sus
consecuencias sociales requiere acercarse también a las condiciones de quienes
producen.
La prensa recogió anuncios oficiales de apoyos alimentarios
en especie, créditos y acciones de conservación de cuencas. También atribuyó al
titular de Sefader la explicación de que, ante la desaparición del seguro
catastrófico, se revisarían las parcelas y se levantarían censos para entregar
ayuda. Estos anuncios deben seguirse hasta conocer su cobertura, oportunidad y
condiciones de acceso.
Aquí se abre una distinción relevante para las decisiones
públicas: atender la alimentación inmediata y recuperar la capacidad de
producir son necesidades relacionadas, pero diferentes. La prevención agrícola
exige además anticipar escenarios, ofrecer acompañamiento técnico y valorar las
condiciones de cada región. El auxilio posterior será más útil si forma parte
de una estrategia que permita a las familias continuar su actividad y reducir
su exposición a nuevas pérdidas.
2. Lo que revelan las lluvias
Las lluvias intensas desplazan la atención hacia viviendas,
caminos y servicios cuya seguridad resulta comprometida. En Esperanza Arroyo La
Gloria, Tuxtepec, la prensa reportó que el desbordamiento de un afluente inundó
viviendas y calles, afectó a decenas de familias y dañó muebles y enseres
domésticos. La emergencia exigió auxilio, alimentos, atención médica y apoyo
para limpiar las casas. La recuperación de esas familias comprende también
reponer bienes y restablecer condiciones para habitarlas.
En las vías de comunicación, los daños restringieron la
movilidad. La prensa informó de al menos cuatro socavones en la carretera
federal 200 y otro en la 125, en las regiones de Costa y Mixteca. En el kilómetro
122 de la carretera federal 182, entre Jalapa de Díaz y Huautla de Jiménez, el
deterioro obligó a restringir el paso de unidades pesadas y permitir únicamente
vehículos ligeros. Estas interrupciones abren preguntas sobre el traslado de
personas y mercancías, aunque las notas revisadas no cuantifican sus efectos
sobre el abasto, los ingresos o el acceso a servicios.
La vulnerabilidad también aparece en espacios cotidianos de
la capital. En la primaria Melchor Ocampo, de la colonia El Arenal en San
Martín Mexicápam, las aguas residuales entraron al plantel y provocaron la
suspensión de clases. Según el testimonio de la directora recogido por la
prensa, las fugas llevaban más de dos años y habían sido objeto de solicitudes
de atención. La lluvia agravó un problema previamente advertido, con
consecuencias para estudiantes, familias y personal educativo.
Las autoridades realizaron limpieza y desazolve. La
comunidad escolar pidió, además, revisar la red, desinfectar las instalaciones
y verificar condiciones seguras para regresar. Esta secuencia permite
distinguir la atención de la contingencia de la corrección del problema que
puede hacerla recurrente.
Otros hundimientos próximos a escuelas y parques motivaron
acordonamientos y valoraciones. En algunos casos se mencionaron posibles fallas
de drenaje, todavía sin diagnóstico definitivo.
La vulnerabilidad en estos casos se manifiesta en la
posibilidad de que una amenaza interrumpa actividades esenciales y en los
recursos disponibles para recuperarlas. Para una comunidad escolar significa
perder clases; para una familia inundada, enfrentar daños en su vivienda; para
quienes dependen de una carretera, ver restringidos sus desplazamientos. Las
medidas de protección deben atender esas diferencias y dar seguimiento a las
condiciones que permanecen después de la emergencia.
3. La capacidad de protegerse
La cobertura de la semana también documentó acciones para
proteger a la población. En Tuxtepec, las personas fueron evacuados de una
vivienda. La prensa informó que Protección Civil municipal, Bomberos y Policía
Vial participaron en el auxilio, y que las personas fueron trasladadas al
albergue municipal Manos que Ayudan. El caso muestra una coordinación
que se tradujo en resguardo concreto.
En Esperanza Arroyo La Gloria se reportó la aplicación del
Plan DN-III-E, así como asistencia municipal mediante alimentos, ropa,
materiales de aseo, atención médica y una cocina comunitaria. En la Costa, las
autoridades cerraron la navegación menor en Huatulco y Puerto Escondido,
incluyendo embarcaciones turísticas y de pesca ribereña. Estas medidas deben
reconocerse como parte de la respuesta pública ante el peligro.
La capacidad de protegerse también requiere valorar
condiciones locales. Una nota sobre Huatulco señaló que las autoridades
escolares podían decidir la suspensión de actividades considerando las lluvias,
los caminos y los accesos de cada comunidad, con respaldo del Consejo Municipal
de Protección Civil. Esa diferenciación resulta relevante: una disposición
general necesita complementarse con información sobre lo que ocurre en cada
localidad.
Sin embargo, emitir una recomendación y contar con
posibilidades para cumplirla son cuestiones distintas. Evacuar supone disponer
de una ruta segura, traslado y un lugar de resguardo. Suspender clases protege
ante un riesgo inmediato, pero exige después comprobar las condiciones para
reabrir. Interrumpir la navegación reduce la exposición de pescadores y
visitantes, mientras abre la pregunta por las necesidades de quienes dependen
de esa actividad para obtener ingresos.
La prensa recogió que Protección Civil tenía identificados más
de 550 refugios temporales. La cifra informa sobre la preparación anunciada; no
acredita por sí misma que todos estuvieran habilitados, abastecidos y fueran
accesibles. Conocer su capacidad efectiva permitiría valorar mejor la
protección disponible.
El desafío es compartido, con responsabilidades y recursos
diferentes. La población puede aportar conocimiento del territorio, advertir
daños, organizarse y atender medidas de seguridad. Las autoridades deben
proporcionar información oportuna y hacer posibles las acciones de protección
mediante servicios, infraestructura y coordinación. Los testimonios de la
comunidad escolar de El Arenal muestran que advertir un problema necesita
encontrar una respuesta institucional capaz de resolverlo.
4. La cultura de prevención
La cultura de prevención se construye mediante prácticas que
permiten reconocer riesgos, comunicar advertencias y actuar oportunamente.
Incluye a la población y a las instituciones: atender una señal de peligro,
mantener infraestructura, preparar evacuaciones y dar seguimiento a un problema
conocido son partes de ese aprendizaje colectivo.
La información disponible no permite afirmar que Oaxaca
carezca de cultura preventiva. El caso de la escuela primaria Melchor Ocampo
revela un punto decisivo. Según los testimonios publicados, la comunidad
advirtió durante años un problema de aguas residuales. Esa advertencia expresa
conocimiento del riesgo y disposición a buscar una solución. Cuando una demanda
así permanece sin resolverse, debemos examinar el cauce institucional: quién
recibe el reporte, cómo se determina la intervención, quién la ejecuta y cómo
se verifica su resultado.
En el ámbito agrícola también aparecen propuestas orientadas
a anticipar daños. La prensa informó de una iniciativa de reforma presentada el
29 de septiembre, para brindar acompañamiento técnico a productores según la
vulnerabilidad climática de cada región. Al momento de la nota, estaba turnada
a comisión para estudio y dictamen. Su planteamiento reconoce que la prevención
necesita capacidades productivas y atención diferenciada; su eventual
aprobación tendría que acompañarse de recursos y ejecución para generar
efectos.
La cultura preventiva requiere continuidad. Los reportes
comunitarios, las evaluaciones técnicas y las intervenciones deben dejar
registros que permitan aprender de lo ocurrido. La persistencia de un problema
puede debilitar la confianza en los canales de atención; comprobar que una
advertencia recibió respuesta puede fortalecer su uso. Las notas no miden esa
confianza, pero abren una pregunta relevante sobre la relación entre
participación y respuesta pública.
El criterio para valorar estos esfuerzos es cuánto
contribuyen a reducir la exposición y a mejorar la capacidad de actuar. En una
escuela, ese resultado se expresa en instalaciones seguras; en una comunidad,
en rutas y refugios utilizables; en el campo, en capacidades para enfrentar
condiciones adversas. La prevención cobra sentido cuando ese aprendizaje se
incorpora a las decisiones cotidianas de población y gobierno.
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