Mujer Solteca: el dilema de llevar agua a Oaxaca

 

Por Arturo Tapia

Investigador por México en el IISUABJO

1. El agua que falta y la obra prometida

En Oaxaca, la falta de agua se mide en días de espera, recipientes disponibles y dinero para comprar una pipa. Un reportaje de mayo de 2026 documentó hogares de los Valles Centrales que recibían agua cada treinta días y otros que esperaban hasta dos meses. Cuando llegaba, la baja presión y las pocas horas de suministro dificultaban almacenarla. Comprar agua suponía un gasto adicional, cuya carga dependía de los ingresos y de la capacidad de almacenamiento de cada familia [1].

Esa necesidad exige una respuesta pública. Pero reconocer su urgencia no basta para justificar cualquier forma de atenderla. Ahí comienza el conflicto que suscita la presa Mujer Solteca: la promesa de abastecer a la zona metropolitana se encuentra con comunidades que cuestionan las consecuencias de la obra y las condiciones en que se decide.

El proyecto contempla una presa y un acueducto de aproximadamente 101 kilómetros, con una capacidad prevista de mil litros por segundo. El gobierno lo presenta como una respuesta de largo plazo al desabasto. Para valorar esa promesa, sin embargo, también deben discutirse sus posibles impactos ambientales, las afectaciones territoriales y la distribución de beneficios y cargas.

La necesidad urbana de agua y las demandas de las comunidades involucradas forman parte del mismo problema público. ¿Qué consecuencias serían aceptables, quién tendría que asumirlas y quién puede decidir sobre ellas? Estas preguntas adquieren mayor fuerza porque Mujer Solteca llega a un territorio donde otras obras y compromisos gubernamentales han dejado agravios.

 

2. Una promesa frente a compromisos pendientes

Para los pobladores de San Vicente Coatlán, la nueva promesa de infraestructura se enfrenta a una pregunta concreta: ¿por qué confiar si siguen pendientes compromisos anteriores? En días recientes, su asamblea condicionó la discusión sobre Mujer Solteca a la atención del conflicto agrario con Sola de Vega y al cumplimiento de acuerdos relacionados con la carretera a la Costa. Según los testimonios recogidos por la prensa, la experiencia de esa obra dejó una convicción: las autoridades pueden necesitar a la comunidad para construir y después desatender sus demandas.

El conflicto agrario vuelve especialmente delicada cualquier intervención. Las controversias sobre la tierra preceden al proyecto y no pueden darse por resueltas al anunciarlo. La presencia de maquinaria o la apertura de accesos pueden interpretarse como decisiones que favorecen a una de las partes. Una obra presentada como respuesta al desabasto urbano entra así en una disputa territorial que modifica sus condiciones de ejecución.

También pesa el antecedente de Paso Ancho, posteriormente denominado Margarita Maza, que forma parte de la trayectoria del actual proyecto de abastecimiento. En 2014, aquella obra fue clausurada temporalmente por carecer de autorización para el cambio de uso de suelo forestal. Los cambios de nombre y las nuevas promesas no borran esa historia.

Estos antecedentes ayudan a entender por qué la controversia rebasa las características técnicas de la presa. Mientras las autoridades ofrecen beneficios futuros, los pobladores exigen respuestas a obligaciones que consideran incumplidas. Para el gobierno, avanzar puede representar atender una necesidad apremiante; para la comunidad, aceptar una nueva intervención sin resolver los pendientes puede significar perder capacidad de exigir su cumplimiento. La urgencia de llevar agua a Oaxaca se encuentra, entonces, con otra exigencia igualmente concreta: que una nueva obra no vuelva a posponer las deudas públicas con el territorio donde se pretende construir.

 

3. Decisiones comunitarias que no coinciden

La controversia tampoco enfrenta a un gobierno promotor con comunidades que comparten una misma posición. Mientras San Vicente Coatlán condiciona la discusión del proyecto a la resolución de asuntos pendientes, representantes de Rancho Viejo, en Sola de Vega, han expresado su respaldo a la presa. Según sus declaraciones recogidas por la prensa, la obra fue aprobada en asamblea después de recibir información sobre los estudios. Esperan agua para su localidad, empleos y oportunidades productivas. Para ellos, el proyecto también representa una posibilidad de atender necesidades propias.

Esta diferencia impide presentar el conflicto como una simple oposición entre beneficios urbanos y sacrificios rurales. Hay expectativas favorables dentro del territorio donde se proyecta la obra. Pero el respaldo de una comunidad tampoco permite dar por resueltas las objeciones de otras ni acreditar su consentimiento. Cada asamblea decide desde condiciones, experiencias y expectativas que pueden diferir de las de sus vecinos.

La disputa incluye, además, quién puede hablar en nombre de quién. Representantes de Rancho Viejo han cuestionado la intervención del Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de Oaxaca (OCCAMA), al señalar que no los representa. El Observatorio, por su parte, sostiene que no pretende sustituir la voz de las comunidades y reivindica su participación en el examen público del proyecto. Se cruzan así dos exigencias: respetar las decisiones comunitarias y permitir el escrutinio de una obra cuyas consecuencias pueden extenderse más allá de la localidad que la aprueba.

OCCAMA también cuestiona el diagnóstico que justifica la presa. Plantea que el desabasto debe analizarse considerando las pérdidas en la red, la desigualdad en el acceso y la gestión del agua. Ha formulado objeciones sobre los estudios hidrológicos, el caudal necesario para los ecosistemas y la consideración de poblaciones aguas abajo. Son cuestionamientos que requieren respuesta y contraste técnico; no deben presentarse como daños ya demostrados. Su relevancia consiste en disputar que, aumentar la oferta mediante esta obra sea la respuesta suficientemente justificada al problema.

A su vez, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) ha expresado su rechazo. Su trayectoria de oposición a la hidroeléctrica Paso de la Reina —un proyecto distinto durante el gobierno de Gabino Cué— aporta experiencias de organización y defensa del río que intervienen en la discusión actual.

Estas posiciones muestran que no está en juego una sola demanda. Abastecimiento, empleo, territorio, ecosistemas y capacidad de decisión movilizan apoyos y resistencias. Incluso la apelación a respetar a las comunidades conduce a una dificultad: sus decisiones no coinciden y los efectos del proyecto pueden atravesar sus límites. ¿Cómo construir una decisión pública cuando ninguna de esas voces puede representar por sí sola al conjunto de los involucrados?

 

4. El dilema que exige una decisión pública

La dificultad de Mujer Solteca radica en que reúne necesidades y exigencias que no se satisfacen automáticamente entre sí. Las familias que esperan semanas para recibir agua necesitan una respuesta. Las comunidades involucradas reclaman capacidad de decisión sobre su territorio y cumplimiento de compromisos anteriores. Quienes advierten posibles impactos ambientales exigen considerar las condiciones de las que también depende el abastecimiento futuro. Reconocer una de estas demandas no cancela las demás.

La urgencia del desabasto tiene un peso social indudable, pero no demuestra por sí misma que esta presa sea la respuesta más adecuada. A su vez, cuestionar el proyecto deja abierta una obligación pública: atender a quienes siguen dependiendo de suministros intermitentes y compras de agua. La controversia obliga a examinar tanto las consecuencias de construir como las de mantener o prolongar la situación actual.

Los beneficios esperados y las posibles afectaciones tampoco se distribuyen de manera uniforme. Una familia urbana sin suministro, una comunidad que espera empleos y otra que teme perder control sobre su territorio enfrentan consecuencias diferentes. Invocar el beneficio de la mayoría no vuelve irrelevantes las afectaciones de otros; respaldar una decisión comunitaria tampoco resuelve sus posibles efectos sobre poblaciones vecinas o aguas abajo.

Por eso, reducir el debate a estar a favor o en contra de la presa empobrece el problema. Sigue pendiente establecer qué riesgos están acreditados, cuáles son inciertos y qué compromisos resultan creíbles. También está en disputa quién participa en la decisión y qué peso tendrán las objeciones de quienes podrían asumir sus consecuencias.

Mujer Solteca coloca ante la sociedad y el gobierno una pregunta difícil: ¿cómo resolver la tensión entre objetivos sociales legítimos cuando la forma propuesta para satisfacer una necesidad puede comprometer otras necesidades y derechos? La promesa de agua para Oaxaca hace urgente esta pregunta. La historia de conflictos y compromisos pendientes impide darla por resuelta con el anuncio de la obra.

 

 

[1] Zavala, J. C. (2026, 29 de mayo). Sufren crisis hídrica en Oaxaca; reciben agua cada uno o dos meses. El Universal [https://www.eluniversal.com.mx/estados/sufren-crisis-hidrica-en-oaxaca-reciben-agua-cada-uno-o-dos-meses/ Fecha de consulta, 4 de octubre de 2026]